Por Olaya Dotel
La bandera como símbolo, encarna las acciones que realiza el Estado para la protección de la ciudadanía. Cual especie de lazo, la protección efectiva de los derechos fundamentales genera cohesión social y por tanto, sentido de pertenencia.
El Informe Mundial de Desarrollo Humano, da cuenta de que las importantes inequidades que vive la población dominicana en materia de salud y educación no son coyunturales, ya que se deben a las políticas de inversión pública que han desarrollado todos los gobiernos, en los últimos 50 años.
Por tanto, en la actualidad, el incumplimiento de compromisos legalmente establecidos, como la inversión del 4% del PIB en educación, equivale a estrechar el manto tricolor, cercenando la esperanza de inclusión de los niños y niñas que forman parte de esa mitad de la población que en este momento no es alcanzado por el manto protector de la bandera.
Para transformar esa situación de exclusión, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil se ha movilizado desde hace unas semanas, para demandar el cumplimiento de la ley de educación. El pasado viernes 12, los miembros de dichas organizaciones fueron agredidos por participar en una actividad pacífica frente al Palacio Nacional, con lo cual, se viola otro derecho fundamental de la ciudadanía, la libertad de expresión, estrechando mucho más la bandera.
Este proceso sistemático de reducción del tamaño de la bandera, la está convirtiendo en un manto inútil. La violación de los derechos fundamentales tales como el derecho a la educación, así como la libertad de expresión son claros indicadores del proceso de marginalización a que es sometida la sociedad dominicana.
Sólo la ampliación de las oportunidades para tener una vida sin privaciones, podrá revertir este proceso de reducción de un manto que costó la vida a tantos hombres y mujeres.
