 |
| Rafael Peralta Romero |
Rafael Peralta Romero
La opinión pública mundial observa alarmada el juicio que se sigue en España al juez Baltasar Garzón, acusado de prevaricación porque autorizó escuchar conversaciones telefónicas de unos prisioneros evidenciados de corrupción. Con esto se busca poner fin a la carrera de un magistrado que ha constituido un baluarte para la defensa de los derechos humanos y la persecución del crimen organizado.
El pasado martes compareció al Tribunal Supremo, en Madrid, y una reseña de la agencia Efe dio cuenta de que “llegó arropado por los aplausos de sus partidarios”. No obstante, Garzón no es optimista en cuanto al resultado del juicio. Los mafiosos que él mandó a la cárcel están vinculados a grupos de poder, que incluye el partido de gobierno
Garzón, de 56 años, lleva 31 en el servicio judicial. No ha tenido miramiento para mandar a la cárcel a quien se lo haya ganado, sin importar bandería política, incluido el Partido Socialista Obrero Español, con el que alguna vez tuvo relación cercana. Narcotráfico y corrupción política han sentido la ofensiva de este digno servidor de la justicia.
A final de los años noventa obtuvo notoriedad internacional por su orden de captura en Londres del infausto dictador chileno Augusto Pinochet, y la posterior persecución de sus congéneres argentinos Videla, Massera, Galtieri y decenas de militares asesinos de ese país. El mundo lo aplaudía, pero el franquismo subyacente en ciertos grupos, lo acechaba.
La prensa mundial ha destacado el juicio al honorable magistrado. La cadena británica BBC destaca que "resulta paradójico que una de las razones por las que el magistrado tendrá que sentarse en el banquillo es, precisamente, por haber intentado" investigar los crímenes del franquismo. El diario El Mercurio, de Chile, doliente de Pinochet, resalta que Garzón es juzgado por escuchar conversaciones privadas.
En este juicio no pueden aislarse el caso Gürtel y los escándalos que salpican al Partido Popular y la revancha franquista. Los señores Francisco Correa y Pablo Crespo, y su abogado Ignacio Peláez sustentan la acusación contra Garzón. De Correa y Crespo se dice que repartieron millones entre dirigentes del Partido Popular para conseguir sustanciosos contratos. Están en prisión desde que los encarceló Garzón.
El magistrado, que lleva casi dos años suspendido de funciones, tiene otras dos causas abiertas —por investigar crímenes del franquismo y por cobros de dos cursos jurídicos impartidos en Nueva York y en los que otro juez lleva más de dos años buscando un supuesto cohecho— todo lo cual evidencia que la trama en su contra ha sido bien orquestada. Por eso ha dicho: “Estoy ante el pelotón de fusilamiento y he pedido que me quiten la venda de los ojos para mirar de frente”.
Su osadía lo tornó controversial, atípico y quizá muy mediático. Ha cometido errores, pues además de humano, es ferviente en sus actos. En su trayectoria predominan los aciertos sobre los desvaríos. Pero ahora no importa su historial de acciones en defensa de la humanidad, todo indica que el ajuste de cuentas va. La extrema derecha y el crimen organizado podrían inhabilitar al valioso juez Baltasar Garzón.
Los reportes de prensa, a propósito del juicio, recogieron frente al Tribunal Supremo la foto de unos señores maduros con un cartel que decía: “España al revés: corruptos y fascistas hacen juzgar al juez”. Juez debió escribirse con mayúscula inicial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario