Por
Somos Pueblo
SANTO
DOMINGO.- La Stampa, uno de los medios más importantes de Italia, señala que la
termoeléctrica Punta Catalina, que es instalada en la República Dominicana, posee una tecnología obsoleta y que en torno
a la misma ha habido “una avalancha de paquetes de sobornos pagados a políticos
de alto nivel” de este país caribeño.
Los
señalamientos en este sentido están contenidos en un artículo escrito por Luca
Manes, un periodista italiano que dirige la entidad anticorrupción denominada
Recommun.
A
continuación la traducción al castellano del artículo:
“Una central eléctrica de carbón (y paquetes
de sobornos) en el paraíso tropical
Por
Luca Manes
Un
rincón del paraíso violado, una tecnología y un recurso obsoleto, una avalancha
de paquetes de sobornos pagados a políticos de alto nivel. Así es como la
historia de la central de carbón de Punta Catalina en la República Dominicana
puede resumirse en un puñado de palabras.
Un
rincón del paraíso violado, una tecnología y un recurso obsoleto, una avalancha
de paquetes de sobornos pagados a políticos de alto nivel. Así es como la
historia de la central de carbón de Punta Catalina en la República Dominicana
puede resumirse en un puñado de palabras. La mega planta está viendo la luz
laboriosamente después de seis años de trabajo en un hermoso tramo de costa a
unos cincuenta kilómetros de Santo Domingo. El pequeño puerto donde los barcos
que transportan polvo negro de Colombia y otros países exportadores atracan
directamente en el Mar Caribe, creando una especie de oxímoron entre la belleza
natural y la fuente de energía más sucia del planeta. En los alrededores del
astillero no hay cultivos de caña de azúcar, café y mango, estos últimos tan
valiosos por su sabor que con las emisiones es casi seguro que perderán la
certificación especial. También porque Punta Catalina, a plena capacidad capaz
de producir 720 MW de energía, es un tipo de planta obsoleta, con la
ineficiente tecnología “subcrítica”, de las que, incluso en China, no se
consideran más adecuadas para construir.
Sin
embargo, los impactos ambientales perjudiciales no son el único elemento
controvertido de este trabajo.
Luca
Manes, periodista italiano.
La
génesis del proyecto siempre ha estado ligada al mega-escándalo internacional
Lava Jato (lavado de autos), que en Brasil ha volado los gobiernos de izquierda
liderados por Lula Da Silva y Dilma Rousseff y decapitado a los jefes de
empresas clave como la petrolera Petrobras y la constructora Odebrecht. Este
último ha sido culpable de corrupción en 12 países de América Latina y África y
sólo en la República Dominicana había trasladado su clasificación central de
sobornos cuando en Brasil los magistrados habían notado que había algo anormal
en las cuentas de las empresas.
Durante
un juicio en Estados Unidos, Odebrecht aceptó una multa de 3.500 millones de
dólares tras admitir haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en todo
el mundo. Con la excepción de Venezuela, la República Dominicana es el país
donde más paquetes de sobornos se han distribuido (92 millones de dólares entre
2001 y 2014). “Formalmente” los sobornos no habrían sido pagados por Punta
Catalina, al menos según investigaciones locales, aunque el contrato para la
construcción de la planta es, con mucho, el más grande para Odebrecht en la
República Dominicana y la mala reputación adquirida por Odebrecht llevó en 2018
a cinco bancos europeos a retirarse del financiamiento. Unicredit, Deutsche
Bank, ING, Société Générale y Santander habían concedido fondos por valor de
600 millones de dólares, todos ellos garantizados por la agencia italiana de
crédito a la exportación Sace, de los cuales sólo se había pagado la mitad.
El
pasado mes de marzo se abrió también un frente italiano. Marie Tecnimont,
integrante del consorcio de construcción junto con Odebrecht y la empresa local
Estrella, está siendo investigada por el Ministerio Público de Milán, también a
raíz de la denuncia presentada por la organización anticorrupción italiana
Re:Common. La empresa italiana negó públicamente todos los cargos después de
que sus oficinas fueran visitadas por la policía financiera.
Mientras
tanto, la central eléctrica sigue estando rezagada. Se suponía que estaría
lista en 2017, luego en los últimos meses de 2018, ahora la primera fase de
producción apenas ha comenzado y sólo para la primera de las dos unidades
previstas. Pero parece que ya hay enormes problemas técnicos y todo se ha
detenido de nuevo. Esta es una mala noticia para el gobierno local, que es muy
“contiguo” a Odebrecht y que, sin la ayuda de los bancos occidentales, ha
tenido que pagar casi exclusivamente de su propio bolsillo los primeros dos mil
millones de dólares de una cuenta final que podría superar los tres mil
millones. Odebrecht pide otros 700 millones, la misma cantidad que podría
obtener Tecnimont tras el arbitraje. Y pensar que en la licitación una empresa
china había fijado el precio en 1.200 millones, no menos de 800 millones menos
de lo que Odebrecht exigía.
El
aspecto más positivo de todo este asunto es la masiva y continua protesta de la
población local contra Punta Catalina, vista como un símbolo de devastación
ambiental y corrupción. La plataforma compuesta de activistas y asociaciones
que ha estado saliendo a las calles mensualmente durante más de dos años se
llama “Marcha Verde” y pide la dimisión del gobierno. Según Enrique de León,
activista del Comité Dominicano de Lucha contra el Cambio Climático, “las
autoridades dominicanas deben saber que no están solas en el mundo y que los
crímenes cometidos por Odebrecht y sus socios son de naturaleza transnacional
y, por lo tanto, pueden ser castigados por el sistema judicial de otros
países”.
