Afirma que carecería de validez, si no permite llevar a la justicia a
los que aceptaron el soborno. Según Finjus, Odebrecht debe
proporcionar más datos.
SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus)
expresó ayer su preocupación por el acuerdo al que arribó la Procuraduría
General de la República con la empresa Odebrecht, mediante el cual ésta última
se habría comprometido a pagar al Estado US$184 millones como multa por el
soborno de US$92 millones que repartió en el país entre 2001 y 2014 para
conseguir contratos de obras.
Según el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños
Guzmán, el acuerdo, dado a conocer parcialmente por el procurador Jean Alain
Rodríguez la semana pasada, no satisface los criterios que dicta el Código
Procesal Penal para establecer los criterios de oportunidad a que apelaron las
partes. Considera que en el caso se debió actuar “con el rigor que demandan las
circunstancias (con la inhabilitación permanente para contratar en el país por
la Dirección de Compras y Contrataciones) contra todos y cada uno de los
afectados (procesos penales ulteriores contra los directivos de la empresa y
agentes estatales beneficiarios de los sobornos)”.
Finjus atribuye su preocupación a las incertidumbres e inconsistencias
legales, procesales y morales que -a su entender y basados en las informaciones
suministradas hasta el momento- contiene el acuerdo.
Las mismas, dice, merecen ser ponderadas cuidadosamente para los fines
de asegurar la transparencia y el imperio de la justicia en el país.
“El primer aspecto que llama la
atención es que el acuerdo ha pretendido cobijarse bajo la figura de los
criterios de oportunidad, obviando que uno de los límites naturales para este
tipo de medidas es la existencia de un interés público preponderante, que en la
especie, independientemente del monto de la sanción a imponer a los
responsables de los sobornos, se visualiza en la propia afectación del sistema
de contrataciones de obras del país. (DL)
