El país y la economía mundial se enfrentan a retos sin precedentes como consecuencia de la crisis del sistema financiero internacional. Ante esta crisis, muchos gobiernos que operan dentro de la economía de mercado global han adoptado medidas fiscales y monetarias de emergencia para rescatar industrias estratégicas, proteger ahorros públicos y restaurar la estabilidad macroeconómica. Es importante destacar que estas medidas han sido diseñadas con una naturaleza de corto plazo, y su objetivo es asegurar la recuperación de agentes del sector privado, no el reemplazar a estos agentes con industrias o empresas estatales.
En República Dominicana, sin embargo, el gobierno parece estar orientándose hacia medidas que van más allá del corto plazo, realizando reformas estructurales fundamentales en sectores estratégicos de la economía, que redefinen los roles del Estado y del sector privado.
De manera específica, en las áreas de energía eléctrica e hidrocarburos, el Estado ha pasado, de desempeñar su rol como regulador, a constituirse en el agente económico dominante de los mismos. Esto envía un mensaje preocupante a los agentes del sector privado, y tiende a producir un efecto disuasivo sobre la decisión de inversión directa de estos agentes en estas áreas.
Cuando el Gobierno Dominicano adquirió la participación accionaria del 50% perteneciente a la Shell en REFIDOMSA, desplazando de esta forma cualquier participación privada en esta operación, la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) fue clara en señalar que entendía que esto crearía ineficiencias y distorsiones en este sector estratégico de la economía.
La reciente propuesta de vender el 49% de las acciones de REFIDOMSA a una compañía estatal de otro país resulta particularmente preocupante. Más aún, la creciente dependencia de un suplidor único de un producto tan estratégico como lo es el petróleo –lo que constituye una de las principales motivaciones para la venta- expone al país a un riesgo significativo y llama a reflexión, en la medida de que, dadas las limitadas facilidades de almacenaje con las que dispone el país, cualquier interrupción en el suministro, por cualquier razón que fuere, paralizaría la economía en el corto plazo.
Con respeto al sector eléctrico, si bien entendemos que la adquisición por parte del Estado de las acciones de TCW en EDEESTE se produce como una forma de poner fin al litigio incoado por TCW contra el Estado Dominicano, nos preocupa el proceso de estatización que se está siguiendo en ese sector. Al igual que lo establecido en la Ley General de Electricidad, entendemos que la función esencial del Estado debe ser de carácter normativo, promotor, regulador y fiscalizador.
Para que República Dominicana pueda continuar avanzando y compitiendo efectivamente en la economía global, AMCHAMDR cree firmemente que es necesario que se defina claramente el rol del Estado. El Presidente Leonel Fernández ha articulado su visión al respecto al señalar: “El gobierno competitivo... tiene un papel fundamental... como planificador y promotor de políticas públicas, como regulador y como administrador público... En una economía de mercado institucional, y abierta a la globalización, el mercado es el mejor método para la asignación de recursos...”
En vista de los eventos recientes, AMCHAMDR entiende que es necesario que se aproveche la reforma constitucional en curso para definir los roles que deben tener el Estado y los agentes económicos privados en la economía.
La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana es una organización sin fines de lucro que busca fortalecer el desarrollo de los vínculos comerciales entre ambos países a través del fortalecimiento de la libre empresa, la promoción de inversiones, el servicio de la comunidad, el mejoramiento de las relaciones gubernamentales e internacionales y el servicio a sus socios. Fundada el 8 de noviembre de 1923, Posee una membresía de más de 2,500 firmas comerciales y profesionales distribuidas en Santo Domingo y en las 9 oficinas de provincias ubicadas en las ciudades de: Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega, Puerto Plata, Moca, La Romana, Baní, San Pedro de Macorís e Higüey.
