En República Dominicana, los menores vinculados a procesos judiciales suelen pasar por un ciclo que se repite una y otra vez: detención, entrega a las autoridades, devolución a sus familias y, días o semanas después, regreso al sistema por nuevas infracciones.
Sauro Scalella, Ramón Cruz Benzán
SANTO DOMINGO, LD.- Un menor guarda el
hueso del muslo de pollo que le dieron de comer en la cárcel donde está
recluido en Villa Juana, un barrio de Santo Domingo. Horas después, con ese
mismo hueso hirió físicamente a otro menor.
Los oficiales que trabajan con
adolescentes en conflictos con la ley aseguran que este tipo de casos ocurre
con frecuencia.
Una niña de 13 años fue enviada a un
reformatorio femenino tras haber matado al esposo de su madre.
Otra niña, de apenas 10 años, fue
trasladada a un hogar de paz luego de ser contagiada con VIH por mantener
relaciones sexuales con hombres.
Según relatos oficiales, rondaba hasta
las dos o tres de la madrugada por los alrededores del cementerio Máximo Gómez,
en el centro de la ciudad. Sus padres murieron por VIH.
En una escuela, un niño de siete años
guaya pedazos de tiza, los corta y los envuelve en pequeños “paqueticos”,
simulando cocaína. Sus padres eran vendedores.
En otro expediente, psicólogos
policiales atienden a una madre cuyos dos hijos fueron violados. Los niños ya
habían hecho lo mismo con otros menores.
Estos relatos, narrados por expertos a
Listín Diario, muestran una realidad marcada por el abandono, la violencia y la
carencia afectiva que viven niños y adolescentes dominicanos que entran en
conflictos con la ley penal.
En República Dominicana, los menores
vinculados a procesos judiciales suelen pasar por un ciclo que se repite una y
otra vez: detención, entrega a las autoridades, devolución a sus familias y,
días o semanas después, regreso al sistema por nuevas infracciones.
La reincidencia no es un fenómeno
aislado.
El flagelo es una señal de un sistema
que tiene dificultades para retener, educar y acompañar a estos menores, según
explican autoridades de la Policía Especializada de Niños, Niñas y
Adolescentes.
El general José Santana, titular de
esa dirección, dice que vive ese proceso a diario.
“A cada momento por cuestiones obvias
un muchacho tiene un problema, lo llevan a Procuraduría de Niños, Niñas y
Adolescentes (NNA), lo mandan en un momento dado a la policía especializada
para su custodia, luego va para la calle... a los 10 o 15 días vuelve otra
vez”, dice.
En algunos casos, el conflicto se
resuelve entregando el menor a sus padres, pero no siempre hay garantías de
protección o acompañamiento.
Santana recuerda el día en que la
dirección citó a una madre para recibir a su hijo y la mujer llegó en estado de
embriaguez.
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