Aunque existe un marco legal reconocido como uno de los más completos de la región, la realidad es otra: vacíos estructurales, culturales y operativos que aún ponen a prueba a las instituciones que trabajan con menores vinculados a procesos judiciales.
Sauro Scalella, Ramón Cruz Benzán
SANTO DOMINGO, LD.- República
Dominicana se encuentra en un punto clave para replantear cómo el Estado
responde ante los niños, niñas y adolescentes que entran en conflicto con la
ley penal.
Aunque existe un marco legal
reconocido como uno de los más completos de la región, la realidad es otra:
vacíos estructurales, culturales y operativos que aún ponen a prueba a las
instituciones que trabajan con menores vinculados a procesos judiciales.
En ese criterio coincidieron el
encargado de la División de Protección y Restitución de Derechos del Consejo
Nacional de la Niñez y Adolescencia (Conani), Felin Hernández, y el coordinador
de la Oficina de Control del Servicio de la Defensa Pública, Guillermo Camilo.
Lo hicieron durante una nueva edición
del “Panel de Expertos”, organizado por Listín Diario, donde analizaron el
fenómeno de los menores de edad en conflictos con la ley y abordaron la
urgencia de reformar la 136-03 o Código para la Protección de los Derechos de
los Niños, Niñas y Adolescentes.
Según Hernández, el país muestra
avances en el ámbito legal desde la ratificación de la Convención sobre los
Derechos del Niño.
La Ley 136-03 es considerada una de
las normativas más robustas en la región para la protección de la niñez. Sin
embargo, ese avance no se ha reflejado en un cambio cultural ni en la
aplicación del modelo de protección integral que plantea la ley.
"Nosotros a nivel legal hemos
dado ese salto importante como sociedad. Pero no hemos dado el salto de
transformación cultural del cambio de modelo", señaló.
"Hemos cambiado la normativa,
pero a nivel interno como sociedad, y muchos de los actores inclusive que
gestionamos la cuestión de los niños y adolescentes, no hemos hecho ese cambio
estructural de ese modelo tradicional que la ley inclusive así mismo lo
identifica", agregó.
Para él, el país sigue operando con
ambigüedades de un esquema correccional y tutelar, contrario a lo que establece
el enfoque de protección de derechos que debe guiar la política pública.
Uno de los principales problemas,
explicó, es que los niños en conflicto con la ley penal y quienes están en
situación de calle o expuestos a factores de riesgo, muchas veces terminan en
los mismos espacios de acogida.
Conani cuenta con hogares de paso para protección, pero estos no fueron diseñados para recibir a niños con procesos judiciales abiertos. Aun así, la ley permite que un juez envíe a un menor acusado de un delito a esos centros, creando una contradicción normativa y operativa.
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