Dice
es improbable obtener resultados confiables de auditorías realizadas a obras de
más de 5, 10 y 15 años.
Santo
Domingo, jueves 22 de junio del 2017.- La Alianza Dominicana Contra la
Corrupción, ADOCCO, propuso hoy que en los presupuestos para la ejecución de
obras de infraestructura se le incluya el costo que tendría la realización de
auditorías de manera permanente y así evitar que las mismas violen las
disposiciones de la ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas que
establece que no podrán realizarse adendas que superen el 25% del costo inicial
de los contratos, algo que se ha hecho una práctica común en las obras que se
hay materializado en el país en los últimos años.
La
entidad de la sociedad civil fundamenta su planteamiento ante los alegatos de
la Cámara de Cuentas de la República de que la falta de recursos le impide
realizar las auditorias correspondientes a cada una de las obras que son
ejecutadas a través de empresas nacionales y extranjeras, lo que ha provocado
que el ministerio público tenga que solicitar la realización de experticias a
obras que fueron ejecutadas hace mas de 10 años, como es el caso de la
construcción del acueducto de la línea Noroeste, lo que hace improbable obtener
un resultado confiable, por la inclemencia del tiempo y la falta de controles
de los archivos de documentos que pudieran servir para avalar la obra en
cuestión.
Julio
Cesar De la Rosa Tiburcio, presidente de la organización dijo que de la misma
forma que se incluye en los presupuesto de obras un porcentaje para el seguro
de la misma, un porcentaje para la supervisión de la obra, debe contemplarse un
porcentaje volumétrico para la realización de auditorías periódicas durante el
desarrollo de la obra y no esperar que ocurra un escándalo, para que el
ministerio público, entonces solicite al órgano que tiene la responsabilidad
del control externo del gasto que haga la auditoria, ya que sería el único
elemento de prueba valido en nuestra justicia penal, sin la cual sería
imposible la formulación de cargos y establecimiento de responsabilidades tanto
civil como penal. Acotó.
Esta
sería una salida viable al pobre desempeño de la Cámara de Cuentas, que cada
vez mas pierde la confianza y el respeto de la sociedad y de las propias
instituciones estatales, demostrado en la no remisión a tiempo como establece
la ley de los informes de ejecución presupuestaria y ni hablar del
incumplimiento de los funcionarios obligados a presentar sus declaraciones
juradas de patrimonio que a la fecha miles de ellos no han obtemperado a los
llamados del órgano rector de la vigilancia del patrimonio de los funcionarios
públicos
