Por: Juan Taveras Hernández –SIN-
El Informe de Alicia Ortega sobre la inmensa fortuna acumulada por el
ingeniero Diandino Peña desde que el Partido de la Liberación Dominicana asumió
el poder en 1996, como ha ocurrido con otros dirigentes, terminó con su cargo
en el gobierno al ser cancelado por el presidente Danilo Medina, sorprendiendo
a muchos que ven en esa acción una jugada política.
Es la primera vez que ante una denuncia, bien documentada como la que
presentó El Informe, el mandatario actúa consecuentemente como lo prometió
durante la campaña del 2012. No basta con la cancelación. Procede ahora la
intervención del Ministerio Público.
Los analistas dicen que en otras ocasiones, tras denuncias similares,
el presidente no hizo lo mismo. Y es cierto. Afirman que ahora la intención era
quitar del medio a uno de los hombres de mayor confianza del ex presidente de
la República y presidente del PLD, candidato sempiterno, Leonel Fernández.
Diandino es un hombre de Leonel.
Una de sus alcancías, dicen muchos.
Esos argumentos no le quitan validez ni trascendencia al programa de
televisión de Alicia. Al contrario, le da mayor significación. Tanto ella como
los demás periodistas, organizaciones de la sociedad civil y los partidos de
oposición tienen que continuar con sus denuncias sobre corrupción y pedir al
mismo tiempo, como lo hace el Movimiento Verde, el fin de la impunidad.
Los documentos presentados por Alicia después de una minuciosa
investigación de meses, no dejaban lugar a dudas sobre lavado de activos,
evasión de impuestos y perjurio en la declaración jurada de bienes, lo que
amerita la intervención del Ministerio Público.
Tan abrumadores fueron los documentos, que Alicia bien pudo prescindir
de la entrevista con el señor Peña, que parecía incriminarse ante cada pregunta
luciendo torpe y temeroso, sorprendido ante las evidencias presentadas. (Le dio
un ataque temporal de alzhéimer)
El antiguo director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(Opret), responsable de la construcción del Metro de Santo Domingo con un costo
de dos mil millones de dólares, pero que antes ocupó posiciones de mayor
relevancia en el organigrama del Estado,
no supo o no pude defenderse. Terminó victimizándose acusando a la
periodista de haberlo engañado llevándolo a una encerrona, cosa que ella negó.
Para mí lo importante no fue la entrevista. Alicia pudo prescindir de
ella sin que El Informe perdiera su
impacto. (Supongo que la hizo
para darle derecho a defenderse y
aclarar las imputaciones que les hacían los documentos obtenidos después de una
larga pesquisa, lo cual revela su profesionalidad)
Dicen los defensores de Diandino en los medios de comunicación que detrás del “Informe” hay intereses
económicos y políticos relacionados con el gobierno que buscan hacerle
daño a Leonel Fernández para que los “vientos no soplen a su favor” ahora que
Danilo Medina está en el piso y no podrá reelegirse.
En la política, como en todo lo demás,
hay cosas que se ven y otras que no se ven. Sé que los dueños de los
medios de comunicación tienen sus intereses. Sé que no hay independencia ni
imparcialidad en la prensa.
Ahora bien, -insisto- lo verdaderamente importante no es la entrevista,
es pedir una investigación exhaustiva sobra la revelación que ha hecho Alicia
Ortega sobre las empresas y los bienes que no figuran en la declaración jurada
de bienes. Lo importante es saber por qué, si todo es transparente, Diandino
tiene tantas empresas en el extranjero y
por qué se vale de terceros para
ocultarlas, (Testaferros)
Para mí la mala de la telenovela no es Alicia, es Diandino. Ella no
tiene nada que probar, es él quien tiene
que probar, ante los tribunales que es inocente, que su fortuna no es fruto de
la prevaricación, del tráfico de influencias, el desfalco y otras formas ilegales de robarle el dinero
al pueblo.
Espero que la lucha contra la corrupción continúe. Que no caiga solo el
ingeniero Peña, de ser culpable, sino muchos otros que no pueden justificar sus
bienes, que obviamente se enriquecieron al amparo del poder. No solo Diandino
merece ser cancelado y sometido a la justicia. El peso de la ley y la condena
moral de la sociedad debe recaer sobre
muchos otros.
