Rosmerys De León | El Caribe
Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la
Presidencia (CUSEP) y el coronel Rafael Núñez de Aza son escoltados a la salida
de la audiencia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde se les dictó
medida de coerción. Ellos y otros tres imputados cumplirán 18 meses de prisión
preventiva en Najayo, San Cristóbal.
La jueza Kenya Romero considera elementos iniciales señalan a los
imputados como autores de ilícitos
Al momento de imponer prisión preventiva contra cinco de los seis
implicados en el caso Coral, la jueza Kenya Romero evaluó los planteamientos
del Ministerio Público y la defensa y consideró que “se puede identificar que
contra las personas investigadas se configuran elementos iniciales coherentes
que, sin prejuzgar el fondo, razonablemente lo señalan como autores o cómplices
de los ilícitos investigados”.
Tras tres días de audiencias, la magistrada emitió su fallo ayer y dictó
18 meses de prisión preventiva contra el mayor general Adán Cánceres Silvestre,
exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep); la pastora
Rossy Guzmán, el cabo policial Tanner Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de
Aza y el sargento Alejandro Montero Cruz.
Ordenó que la medida de coerción sea cumplida en el Centro de Corrección
y Rehabilitación Najayo, ubicada en San Cristóbal, tal y como lo había pedido
el Ministerio Público.
Romero también dispuso que el mayor Raúl Alejandro Girón, quien está
colaborando con el Ministerio Público y admitió los cargos, cumpla arresto
domiciliario bajo custodia de la Procuraduría General de la República. Sobre
este particular, la jueza indicó que la información del domicilio será manejada
de manera confidencial.
Se justifica la medida de coerción
Al motivar su fallo, la magistrada manifestó que a partir del examen de
la solicitud presentada por el Ministerio Público, existen elementos
suficientes, inicialmente, que pueden sostener razonablemente que las personas
imputadas con probabilidad son autores o cómplices de la infracción.
“Esto implica que sin prejuzgar el fondo se justifique la necesidad y
utilidad de una medida de coerción en base a la seriedad de la investigación”,
dijo Romero, quien también explicó que los tipos penales que se les imputan a
los acusados entrañan sanciones privativas de libertad graves.
A pesar de que los abogados de los acusados indicaron que estos tienen
arraigo en el país, la jueza dijo que al ser evaluados los documentos “de
manera cuantitativa de cara al cuadro general planteado se desprende que, de
acuerdo a la naturaleza de la acusación, existe el riesgo de la obstaculización
de los medios de pruebas, en especial la de tipo testimonial, dada la
naturaleza y la dinámica de los tipos penales investigados y de la cronología
de la investigación resultan insuficientes para imponer la medida que pidió la
defensa” (que era libertad pura y simple).
Además, la jueza Romero declaró el caso de tramitación compleja,
solicitud que le hizo el órgano acusador. En ese punto precisó que este caso
cumple los requisitos para ser complejo.
Defensa dice decisión es arbitraria y el MP afirma es conforme a
derecho.
Ahora, el mayor Cáceres Silvestre se convierte en el militar activo de
más alto rango, que se sepa recientemente, implicado en un caso de corrupción y
enviando a prisión.
Sus abogados calificaron de injusta, arbitraria, y que no corresponde al
derecho la decisión de la jueza Romero.
Al ser preguntada sobre la razón por la cual no enviaron al mayor
general a una cárcel militar, la jurista Elsa Trinidad dijo que fue un plan del
Ministerio Público para que no fuera así.
Indicó que van a evaluar la situación cuando se le entregue la decisión
de la jueza para determinar si apelarán.
En ese mismo sentido, habló el abogado de la pastora Rossy Guzmán y del
cabo Tanner Flete Guzmán, quien, además, es hijo de la religiosa.
El jurista Héctor López R. aseguró que la sentencia es injusta, ya que
“mete a todo el mundo en el mismo saco”.
Igualmente, explicó que van a analizar la situación y a partir de ese
análisis decidirán si recurrían en apelación.
De su lado, la directora Persecución del Ministerio Público, Yeni
Berenice Reynoso, indicó que la decisión de la jueza fue tomada conforme a
derecho.
Dijo que las cárceles militares crean un “privilegio irritante y eso no
es posible”. “La Constitución no lo permite”, enfatizó.
Sostuvo, además, que tienen la obligación de perseguir, “todo acto de
corrupción cometido por quien sea”.
Seguridad del mayor Girón
Sobre la seguridad del mayor Raúl Alejandro Girón, quien cumplirá
arresto domiciliario, su abogado Geraldo Flores afirmó que confía en que estará
bien custodiado. “El Ministerio Público tiene un cuerpo élite especialmente
para eso, y yo confío en la seguridad del Estado y del Ministerio Público
referente a la integridad de él y su familia”, manifestó.
Al respecto, Reynoso dijo que están tomando todas las medidas para que
no se filtre la información del domicilio donde estará Girón.
Los cinco imputados serán trasladados al Centro de Corrección y
Rehabilitación Najayo una vez la Oficina Atención Permanente del Distrito
Nacional notifique a las partes la sentencia. El mismo trámite se hará con
Girón.
Desmontarán estructura de corrupción entera
Tras el fallo, el titular la Procuraduría Especializada de Persecución
de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró que van a
seguir investigando para desmontar completamente la supuesta red de corrupción
sindicada a Cáceres Silvestre. “Perseguiremos a todo el que el Ministerio
Público encuentre evidencia de que se ha involucrado en sustraer fondos
públicos que debieron ser dirigidos para mejorar la suerte de los hombres y
mujeres que pertenecen a la Policía Nacional y al Ejército”, expresó. Afirmó
que el dinero del erario debe ser utilizado correctamente y que quien no lo
utilice de esa forma, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados.
