RAFAEL PERALTA ROMERO
rafaelperltar@gmail.com
El Tribunal Superior Electoral, con caras
nuevas, tiene una franca oportunidad de restaurar su debilitada imagen. Salir
como salieron los predecesores no es la forma deseable para los recién
posesionados jueces de esa alta corte. Un propósito ha de ser satisfacer a la sociedad mediante
acciones –y solo eso- justas y correctas. Así saldrán bien.
La instancia sometida por dirigentes del
Partido Revolucionario Dominicano para anular aspectos del estatuto hecho a
su medida por el presidente de ese
grupo, Miguel Vargas, es una oportunidad para que el TSE indique sus actitudes frente a los
conflictos en los que le
corresponderá tomar decisiones, sobre
todo de los partidos políticos.
El ejercicio de la democracia tiene que empezar por las organizaciones políticas. Es
bien sabido que el señor Vargas ha estropeado la trayectoria democrática del
PRD, fundado antes de que él naciera.
Fue un gran partido y jugó papeles estelares en pro de la democracia dominicana, pero
Vargas lo
Dos vicepresidentes del PRD -Andrés
Henríquez y Aníbal García Duvergé- depositaron un amparo contra tres artículos del estatuto,
en los que el presidente de la organización se otorga poderes extraordinarios. Estos y otros
dirigentes han emprendido la tarea de restablecer el orden institucional en el más antiguo partido de República
Dominicana.
Se pide al TSE declarar nulos los artículos
55, 62 y 173 del estatuto que se
hizo aprobar el señor Vargas por considerar que “liquidan el ámbito de
actuación de los organismos y crean instrumentos revertidos de legalidad”. El recurso fue introducido a través de los abogados Guido Gómez Mazara y
Homero Samuel Smith.
Vargas se ha
arrogado el derecho a designar
candidatos a cargos electivos por encima
de los escogidos en las convenciones
partidarias. Por igual, se ha concedido la facultad de nombrar dirigentes en adición a los investidos por los órganos
regulares. Todo se ha acomodado al interés personal de Vargas. Y así no se
construye la democracia.
Un artículo estatutario indica que el PRD tendrá cincuenta vicepresidentes, pero que el
presidente tiene potestad para designar los que considere. Los reclamantes indicaron que las acciones legales procuran devolver al PRD el ritmo
institucional capaz de activar los “circuitos de participación y apertura”
limitados por una actitud personalizada.
Pese a
algunos cuestionamientos, la designación
estos nuevos jueces ha
sido más saludable para nuestra democracia que la apetecida permanencia de los anteriores. Tienen suficiente
tiempo para quedar bien con la
sociedad y sus conciencias. Reorientar el PRD
es una oportunidad para
ello, aunque sea una
prueba para el TSE.
