Rosmery Feliz
“¿El estado es responsable de
todo lo que nos ocurra a los ciudadanos o a personas que vienen de fuera y que
están, vamos a decir, de paso en nuestro país? Sí, siempre que algo suceda y
genere un daño, y ese daño esté vinculado a una acción u omisión del Estado
dominicano a través de sus funcionarios y que tú puedas relacionar esa acción u
omisión con lo que ocurrió y el perjuicio vinculado a una persona. El Estado va
a ser responsable”, explicó el jurista.
Precisó que la responsabilidad
del Estado ante eventos de desastre es crucial para garantizar la seguridad y
el bienestar de los ciudadanos, indicó que es fundamental que el Estado y sus
funcionarios prevengan, mitiguen y respondan adecuadamente a situaciones de
desastre, como tormentas o inundaciones.
Al referirse a las versiones
sobre los daños que presentaba la infraestructura, sostuvo que la información
previa sobre posibles riesgos y la necesidad de tomar medidas correctivas deben
ser tenidas en cuenta por el Estado. Dijo que si hay conocimiento previo de
problemas estructurales o vulnerabilidades en determinadas áreas, el Estado
tiene la responsabilidad de abordar estos problemas y tomar medidas
preventivas.
“El funcionario que asume una
función pública automáticamente es nombrado, generando un arrastre de todas las
responsabilidades que incluso el anterior incumbente había dejado sobre la
mesa, porque si hace 5, 10 o 15 años al Estado dominicano se le dice ‘mira, es
posible que ese muro que está ahí se llene de agua’, ya sin importar quién fue
que lo construyó, quién lo diseñó… él tiene los elementos para saber que algo
hay allí que hay que corregir”, dijo.
Indicó que, en el caso de
desastres naturales, se suele invocar la “fuerza mayor” como eximente de
responsabilidad. Sin embargo, si hay conocimiento previo y se han identificado
medidas preventivas que podrían haberse tomado, la aplicación de la fuerza mayor
puede cuestionarse.
Dijo que los ciudadanos
afectados por desastres tienen derecho a esperar que el Estado responda de
manera eficiente y proporcione ayuda y apoyo adecuados.
En cuanto a la responsabilidad
legal, manifestó que los funcionarios públicos también pueden ser responsables
de sus acciones u omisiones. Agregó que si se demuestra que un funcionario no
cumplió con sus deberes y esto contribuyó al daño, podría ser considerado
responsable tanto a nivel administrativo como, en algunos casos, a nivel penal.
