The BALLESTER MEDIA Group
Poner fin a la crisis
sanitaria y abordar sus secuelas inmediatas sigue siendo la máxima prioridad,
pero comprometerse con la responsabilidad fiscal también beneficiaría a los
gobiernos.
Desde el comienzo de la
pandemia de COVID-19, los gobiernos vienen proporcionando enormes estímulos
fiscales que han salvado vidas y puestos de trabajo. Como resultado, la deuda
pública ha alcanzado máximos históricos, aunque se espera que disminuya
ligeramente en los próximos años. Esta evolución puede plantear interrogantes
en torno al nivel que puede alcanzar la deuda antes de causar perturbaciones.
Atender la emergencia
sanitaria sigue siendo esencial, sobre todo en los países en los que la
pandemia todavía no está bajo control, y los estímulos fiscales serán
inestimables hasta que la recuperación se haya afianzado. El momento adecuado
para comenzar a reducir el déficit y la deuda dependerá de las condiciones
específicas de cada país.
Sin embargo, los gobiernos
también deben tener en cuenta los riesgos fiscales y la vulnerabilidad a crisis
futuras. Afortunadamente, las tasas de interés han sido muy bajas en todo el
mundo, aunque no hay garantía de que seguirá siendo así.
Mayor previsibilidad
Los gobiernos pueden
indicar su compromiso con la sostenibilidad a la vez que abordan la crisis
actual de varias maneras: por ejemplo, mediante la aplicación de reformas
fiscales estructurales (por ejemplo, una reforma de las prestaciones o las
pensiones), o la adopción de normas presupuestarias y la creación de
instituciones dirigidas a promover la prudencia fiscal.
Incremento no deseado de la
deuda
A la hora de diseñar y
poner en práctica normas e instituciones presupuestarias, los gobiernos deben
procurar tener en cuenta todos los riesgos para las finanzas públicas. A veces,
el aumento de la deuda sobrepasa las previsiones del escenario de referencia.
Nuestros estudios indican que estos saltos suelen oscilar entre el 12% y el 16%
del PIB en períodos de pronóstico de 5 años. Lo que subyace a tales shocks
negativos son los desalentadores resultados del crecimiento del PIB a mediano
plazo y de otros factores impulsores de la deuda, como los rescates de empresas
y la depreciación del tipo de cambio. Actualmente son muchos los países que
enfrentan riesgos fiscales más elevados como consecuencia de un número récord
de préstamos, garantías y otras medidas adoptadas para proteger tanto a las
empresas como al empleo de los efectos de la COVID-19.
Tales shocks ejercen
presiones sobre presupuestos e instituciones fiscales como las reglas fiscales,
cuya flexibilidad es necesaria para permitir un aumento del déficit cuando hace
falta. El diseño adecuado de las estrategias de mitigación de riesgos —como son
los criterios que restringen la admisibilidad de los prestatarios, o los
límites al volumen y el vencimiento de los préstamos— permite reducir estos
riesgos o, si estos se materializan, limitar los costos fiscales. No obstante,
estos planes de acción deben garantizar la firme reducción de la deuda en
épocas de bonanza, para poder volver a proporcionar apoyo fiscal en el futuro.
Reglas e instituciones
presupuestarias
Un conjunto robusto de
reglas e instituciones presupuestarias debería perseguir tres objetivos
principales: la sostenibilidad, la estabilización económica y, en el caso
particular de las normas fiscales, la simplicidad. Sin embargo, hacer realidad
los tres objetivos a la vez resulta complicado.
Aunque, a veces, unas
sencillas normas numéricas pueden parecer rígidas, nosotros demostramos que
fomentan la prudencia fiscal. Por ejemplo, los países que aplican reglas de
endeudamiento suelen poder revertir saltos de la deuda por un monto del 15% del
PIB en unos 10 años, si no se producen nuevos shocks, bastante más rápido que
los países que no aplican esta clase de reglas. Las reglas numéricas no se
basan solo en la deuda, sino que utilizan otros indicadores —como el gasto en
intereses o el patrimonio neto del gobierno— para complementar los indicadores
tradicionales de endeudamiento y déficit. Las normas de procedimiento ofrecen
mayor flexibilidad que las reglas fiscales numéricas, pero es posible que los gobiernos
tengan más dificultades a la hora de comunicarlas y monitorear su cumplimiento
por la falta de metas numéricas, sobre todo en ausencia de instituciones
presupuestarias sólidas.
Nuestros estudios indican
que el compromiso de un país con la disciplina presupuestaria y la comunicación
clara de las prioridades de política —respaldado por la transparencia del
ingreso y el gasto público— compensan. Muchos países suspendieron sus reglas
fiscales en 2020 para poder incrementar, como corresponde, el gasto social y de
salud en respuesta a la pandemia. Un examen de la prensa escrita revela que la
cobertura de la suspensión de las normas fiscales por parte de los medios de
comunicación fue mucho más positiva en aquellos lugares en los que la
transparencia fiscal es mayor.
La solidez de las reglas y
las instituciones presupuestarias, unida a la claridad en las comunicaciones y
la transparencia fiscal, aumentan la credibilidad. Ello, a su vez, mejora el
acceso al crédito y asegura un margen de maniobra mayor en tiempos de crisis.
En última instancia, los marcos fiscales solo son eficaces si cuentan con un
respaldo político suficiente. Aun así, permiten centrar el debate y, con ello,
alcanzar el consenso político sobre políticas fiscales creíbles.
