El abogado Lic. Oliver Batía afirma que cuatro sentencias firmes ordenan reajustar las pensiones y pagar retroactivos desde diciembre de 2020; asegura que el Estado acumula una deuda de RD$743,136 mensuales.
“Mensualmente, el Estado está acumulando una deuda de
RD$743,136 por concepto de retroactivo en beneficio de mis cuatro clientes.
Además de eso, las sentencias mandan a pagar un 1 % de interés mensual sobre
ese retroactivo”, declaró Batía.
Batía aseguró que, agotado el plazo establecido en los
actos, las actuaciones judiciales contra los responsables seguirían vías
distintas conforme a sus respectivas calidades y jurisdicciones. En el caso del
ministro de Hacienda, Magín Díaz, la acción correspondiente podría llevarlo a
comparecer ante la Suprema Corte de Justicia, mientras que el procedimiento
relacionado con el responsable de Jubilaciones y Pensiones sería llevado ante
el Palacio de Justicia”, explicó.
Los documentos de alguacil suministrados muestran cuatro
“Mandamientos de pago y puesta en mora con apercibimiento de acción penal y
patrimonial por inejecución de sentencia”, dirigidos al ministro de Hacienda y
Economía y a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del
Estado. Los actos fueron instrumentados el 1 de octubre de 2026, a
requerimiento de Manuel Emilio Pérez Suárez, Carlos Jeremías Santana Montás,
Juan Bautista Moreno Castro y Leocadio Valentín Lebrón Jiménez.
“Estamos hablando de cuatro personas de la tercera edad
que dedicaron más de 30 y, en algunos casos, más de 35 años de su vida al
servicio del Estado. Han tenido que acudir hasta las últimas instancias
judiciales para lograr el reconocimiento de sus derechos y, aun después de
obtener esas sentencias, siguen sin recibir sus retroactivos. Detrás de cada
expediente hay una persona que merece vivir esta etapa de su vida con dignidad
y tranquilidad, sin tener que seguir luchando por lo que le corresponde”.
El abogado advirtió que, agotado el plazo establecido en
los actos, las actuaciones judiciales contra los responsables seguirían vías
distintas, conforme a sus respectivas calidades y jurisdicciones. En el caso
del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, la acción correspondiente
podría llevarlo a comparecer ante la Suprema Corte de Justicia, mientras que el
procedimiento relacionado con el responsable de Jubilaciones y Pensiones sería
llevado ante el Palacio de Justicia, explicó Batía.
El jurista aseguró que las decisiones han sido
notificadas en distintas ocasiones a las instituciones correspondientes y que,
pese a las intimaciones realizadas, no se habría producido el cumplimiento
integral. Los nuevos actos conceden un plazo de cinco días hábiles para
proceder al cumplimiento de las sentencias identificadas en cada expediente.
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