Redacción El Caribe
En el sector público hay más de 2 millones de estudiantes. Félix de la Cruz
La discapacidad, entendida como condición que dificulta la interacción
de los que la padecen con sus pares, es un problema que afecta no solo a los
discapacitados, de cualquier edad, sino también al entorno familiar, que tiene
que proveer a sus necesidades de desplazamiento cuando la dificultad es
ambulatoria o visual, o entenderse cuando se trata de sordera o problemas de
fonación.
Los discapacitados o personas con condiciones especiales (no son
minusválidos porque no valen menos) tienen problemas para acceder a la
educación por sus necesidades especiales.
Por ello vemos con beneplácito la ordenanza No. 05-2024 emitida el 20 de
junio por el Ministerio de Educación, que contiene lineamientos para la
educación inclusiva, con lo que se cumple lo que dicta la Constitución, la Ley
General de Educación No. 66-97 y la Convención Internacional de los Derechos de
las Personas con Discapacidad.
Estamos ante una normativa que merece el apoyo e impulso de todos y
habría que comenzar por masificar y socializar su contenido.
La ordenanza establece ejecutar los ajustes curriculares por la
especialización que se requiere debido a las características excepcionales de
los sujetos de este tipo de educación, para lo cual hay que contar con maestros
formados en educación especial y capacitados para brindar apoyo personalizado,
facilitadores de educación especial y especialistas en áreas afines.
Muchos de los problemas que afectan a los discapacitados se basan en el
rechazo de los propios centros educativos, que a veces se escudan en falta de
condiciones, o la inadecuada formación de los docentes para trabajar con este
tipo de sujetos, lo que los convierte en parias y los priva de la posibilidad
de aprender a leer, de formarse para trabajar y ganar su propio sustento.
En sus 28 artículos, con una exhaustiva fundamentación y ponderación del
tema, la ordenanza establece los lineamientos para una educación inclusiva, que
abarcan tener plazas disponibles, proveer apoyo y recursos accesibles, e
involucrar a los alumnos especiales en las diferentes actividades escolares.
Hay una serie de normas y orientaciones que las direcciones educativas
deberán adoptar para alcanzar los objetivos que determina la ordenanza, pero lo
importante es que, al respetar la condición de sujetos de derecho de los
discapacitados, se los integra al sistema educativo, se les brinda la
posibilidad de formarse, y de acceder por sus propios medios a una mejor
calidad de vida.