Miguelina Santos
Santo Domingo, D.N. Los defensores públicos de la
República Dominicana, elevaron sus voces en el día de hoy, para destacar lo
trascendente que es para el sistema de administración de justicia penal, el
hecho de que el Estado Dominicano a través de la Oficina Nacional de Defensa
Pública, cuente con un cuerpo especializado de abogados, que realiza su función
con un alto sentido de vocación de servicio que permite que los casos que llegan
a los tribunales penales dominicanos se conozcan con mayor prontitud, las
personas tengan un verdadero acceso a la justicia, y se garantice el derecho de
defensa previsto en la Constitución Política, los Tratados, Convenios y Pactos
Internacionales, contribuyendo con esto al acceso a la justicia de todas las
personas.
Destacaron los defensores públicos, que sus únicos
privilegios son estar sobre cargados de trabajo y los ataques que reciben de
aquellos que no comprenden su función. De igual manera, que no salen a buscar
casos, ya que actúan a solicitud de los imputados y los familiares de estos,
así como de los tribunales, la fiscalía y las autoridades penitenciarias, que
demandan de forma constante la asistencia y representación de los defensores públicos,
debido a que el derecho a la defensa es irrenunciable, por tanto, no se puede
conocer un proceso penal sin la presencia de un abogado y ante el constante
abandono de los casos por parte de los abogados privados, los tribunales
recurren al órgano al cual la Constitución confía la asistencia legal gratuita
para todas las personas.
La asociación que aglutina a los defensores públicos, se
expresó en esos términos ante las acometidas que ha venido efectuando el
presidente actual del Colegio de Abogados de la República Dominicana, quien al
parecer ignora que los más de 200
abogados que laboran en la Oficina Nacional de Defensa Pública, también
son colegiados en el gremio que él preside, y que por demás contribuyeron con
su voto para que este ostente el puesto que hoy ocupa.
La Asociación para el Desarrollo y Fortalecimiento de los
Defensores Públicos de la República Dominicana, manifiesta de esta forma su
indignación y entiende que Miguel Surun Hernández al ofrecer sus declaraciones
lo ha hecho de forma irresponsable, desinformando a los medios de comunicación y a la población,
pretendiendo con esto manchar la bien ganada imagen de los defensores públicos,
en base a especulaciones.
Finalmente invitamos a Miguel Surun Hernández, como
presidente del colegio de abogados, a que invierta su tiempo en la realización
de acciones productivas concretas encaminadas al fortalecimiento profesional y
ético de los abogados, que es a lo que aspiramos los profesionales del derecho.
