Esa orden esta en la sentencia condenatoria a ocho años a Jesús Roldan Monoleche, el exjefe de seguridad los Castaño.
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| Presidente Santos |
Fue el Tribunal Superior de Medellín quien además ordenó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes rendir cuentas, cada cuatro meses, sobre los avances de la investigación al ex presidente Álvaro Uribe por su presunta participación en la creación de grupos paramilitares como las llamadas ‘Convivir’.
Además ordena iniciar un proceso penal contra los ya absueltos por el holocausto del Palacio de Justicia: el ex gobernador de Córdoba, Carlos Buelvas Aldana y el general Iván Ramírez, porque supuestamente habrían promocionado y apoyado a grupos ilegales como las Autodefensas.
En la misma decisión el Tribunal le pego un jalón de orejas a la Fiscalía, por supuestas omisiones en diferentes investigaciones referentes a este tipo de casos, de hecho aseguró que no ha habido ningún resultado para desmantelar las redes de apoyo a estos grupos.
“La mayoría de las investigaciones contra los altos oficiales de las Fuerzas Militares y los empresarios privados de los distintos sectores y niveles permanecen en etapa previa o estancadas, cuando no es que se adelantan dejando trascurrir el moho de los años”, dice el documento.
Por lo que ordenó al fiscal Eduardo Montealegre, asumir públicamente su compromiso de investigar estos casos, “públicamente su compromiso de investigar, hasta su culminación, los procesos contra los oficiales superiores de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y los civiles que fueron identificados como financiadores, organizadores o colaboradores de los grupos paramilitares”.
Además ordena iniciar un proceso penal contra los ya absueltos por el holocausto del Palacio de Justicia: el ex gobernador de Córdoba, Carlos Buelvas Aldana y el general Iván Ramírez, porque supuestamente habrían promocionado y apoyado a grupos ilegales como las Autodefensas.
En la misma decisión el Tribunal le pego un jalón de orejas a la Fiscalía, por supuestas omisiones en diferentes investigaciones referentes a este tipo de casos, de hecho aseguró que no ha habido ningún resultado para desmantelar las redes de apoyo a estos grupos.
“La mayoría de las investigaciones contra los altos oficiales de las Fuerzas Militares y los empresarios privados de los distintos sectores y niveles permanecen en etapa previa o estancadas, cuando no es que se adelantan dejando trascurrir el moho de los años”, dice el documento.
Por lo que ordenó al fiscal Eduardo Montealegre, asumir públicamente su compromiso de investigar estos casos, “públicamente su compromiso de investigar, hasta su culminación, los procesos contra los oficiales superiores de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y los civiles que fueron identificados como financiadores, organizadores o colaboradores de los grupos paramilitares”.
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