Análisis de Juan Carlos López, CNN en Español
En 1798, el Capitolio de Estados Unidos, en Washington,
estaba en plena construcción. Solo dos años después lo ocuparon el Congreso, la
Corte Suprema y la Biblioteca del Congreso. El presidente era John Adams, quien
en 1797 había sucedido a George Washington, el primer mandatario
estadounidense. La Constitución política llevaba ocho años desde su
ratificación y el país naciente se preparaba para un posible conflicto con
Francia, uno de sus principales benefactores en la guerra de independencia del
Reino Unido, que había terminado apenas 22 años antes, en 1776.
En ese escenario se aprobó la Ley de Enemigos Extranjeros
hace 227 años, la normativa que el presidente Donald Trump invocó recientemente
para deportar a 137 ciudadanos venezolanos a El Salvador, señalándolos de ser
presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, pero sin
presentar pruebas que sustenten esa acusación.
Se trata de un quiebre con la tradición jurídica
estadounidense de observación del debido proceso, consagrado en la
Constitución, explica Juan Pappier, subdirector para las Américas de la ONG
Human Rights Watch. “Estas son prácticas propias de un Gobierno que va camino a
la destrucción del Estado de derecho, que no tiene ningún interés por la
vigencia de la ley, que quiere debilitar o destruir la democracia
norteamericana y que muestra absoluto desprecio por los derechos humanos”.
“La situación que se está viviendo en Estados Unidos es
una crisis. Estamos al borde de una crisis constitucional. Y, lamentablemente,
la destrucción de las garantías frente a los migrantes luego puede utilizarse
para destruir las garantías de toda la ciudadanía”, dice Pappier.
La implementación de la Ley de Enemigos Extranjeros fue
suspendida el 15 de marzo por el juez federal James Boasberg, magistrado
principal del Distrito de Columbia, quien impidió que fueran deportados otros
cinco ciudadanos venezolanos y ordenó que cualquier vuelo con migrantes fuera
devuelto a Estados Unidos. Esta medida no se cumplió, y tres vuelos aterrizaron
en San Salvador horas después de la orden del juez.
La Casa Blanca disputa la autoridad del juez para frenar
las deportaciones y arguye que es un tema de seguridad nacional, mientras que
Trump regresó a una de sus viejas prácticas: atacar a quien le lleve la
contraria.
En su red social publicó: “El juez James Boasberg hace
todo lo posible para usurpar el poder de la Presidencia. Es un juez local,
desconocido y fanfarrón, quien busca publicidad y no puede ser otra la razón,
porque sus fallos son ridículos e ineptos”.
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