La abogada experta en derecho laboral, Rosalina Trueba, advierte sobre el colapso financiero que provoca el artículo 86 del Código de Trabajo y presentó una propuesta de reforma que garantice transparencia y justicia en los procesos laborales sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores.
Santo Domingo.– La revisión del Código de Trabajo de la
República Dominicana ha puesto en evidencia la necesidad urgente de reformar el
artículo 86, una disposición que ha generado un impacto financiero
desproporcionado para las empresas y ha convertido la mora judicial en un
obstáculo para la equidad laboral, según ha manifestado la abogada
especializada en derecho laboral, Rosalina Trueba.
La experta advirtió que la aplicación de este artículo
distorsiona el equilibrio en los procesos judiciales y pone en riesgo la
sostenibilidad del sector empresarial. Lejos de proteger derechos, la
penalización acumulativa ha generado cifras impagables para las empresas,
provocando cierres, reducción de empleos y una sobrecarga insostenible en los
tribunales laborales.
“El artículo 86 establece que, si un empleador no paga
las prestaciones dentro de los diez días posteriores a un desahucio, incurre en
una penalización diaria equivalente a un día adicional de salario por cada día
de retraso. Sin embargo, esta penalización no se detiene hasta que el
expediente sea fallado mediante una sentencia definitiva con el carácter
irrevocable de la cosa juzgada. Esta situación ha provocado un crecimiento
exponencial de deudas debido a retrasos en los tribunales para dictar sentencia,
un fenómeno que escapa al control tanto del empleador como del trabajador y que
ha sido aprovechado como una estrategia para prolongar litigios y aumentar
artificialmente las sumas adeudadas”, explicó Trueba.
Ante esta realidad, la abogada quien también es
representante del sector empleador en el Consejo Consultivo del Trabajo ha
propuesto una reforma que garantice transparencia y justicia en los procesos
laborales sin afectar los derechos de los trabajadores.
Entre los principales ajustes que plantea destacan:
Unificación de procesos: El mismo juez conocerá tanto la
demanda en validez de oferta real de pago como la demanda por desahucio,
evitando fallos contradictorios.
Procedimiento sumario: Se busca acelerar los trámites
laborales, evitando dilaciones innecesarias. Este procedimiento establece
plazos más expeditos para todas las etapas del proceso, incluyendo el tiempo
límite que tiene el juez para fallar el expediente.
Cálculo justo de la penalización: Se propone que los días
en que el expediente esté en estado de fallo y hasta que el juez apoderado no
dicte sentencia, en cualquier grado de jurisdicción, la penalización no
aplique.
