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Por ELLEN KNICKMEYER y
LINDSAY WHITEHURST
WASHINGTON (AP) — Un juez federal despejó el viernes el
camino para una de las medidas restantes del gobierno de Donald Trump en su
desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), lo que le permite seguir
adelante con la retirada de miles de empleados de USAID en Estados Unidos y en
todo el mundo.
El juez federal de distrito Carl Nichols rechazó las
peticiones para mantener su suspensión temporal del plan del gobierno de
destituir de sus puestos a todos los empleados, excepto a una pequeña fracción.
Su fallo también permite a la administración poner en marcha el plazo de 30
días para que los trabajadores de USAID en el extranjero regresen a Estados
Unidos a expensas del gobierno.
Su fallo se produce en una amplia demanda presentada por
los sindicatos en nombre del personal de la agencia, especialmente de aquellos
que corren el riesgo de quedar varados en el extranjero. La demanda describe
que la administración Trump detuvo las evacuaciones médicas necesarias para el
personal de USAID y sus cónyuges en el extranjero, cortó a algunos contratistas
las comunicaciones de emergencia y dejó a los empleados huyendo de la violencia
política en el Congo sin apoyo ni fondos.
La demanda desafía en términos más generales la
constitucionalidad del desmantelamiento de USAID por parte de la
administración, diciendo que la eliminación de una agencia requeriría la
aprobación del Congreso.
"En la actualidad, la agencia sigue en pie",
escribió Nichols en su fallo. "Y así, las supuestas lesiones en las que se
basan los demandantes para solicitar medidas cautelares se derivan
esencialmente de las relaciones laborales existentes de sus miembros con
USAID".
Nichols determinó que la impugnación de los sindicatos
debe ser tratada bajo las leyes federales de empleo en lugar de en un tribunal
de distrito.
El presidente Donald Trump y el Departamento de
Eficiencia Gubernamental vinculado al multimillonario Elon Musk se han movido
rápidamente para cerrar USAID, calificando sus programas de fuera de línea con
la agenda del presidente y afirmando sin pruebas que su trabajo es un
desperdicio.
El caso es una de las múltiples demandas de grupos que
representan a trabajadores de USAID y organizaciones sin fines de lucro y
empresas que están desafiando el cierre repentino de la agencia por parte de la
administración, incluida la colocación de la dirección de la agencia en
licencia administrativa. En otra demanda, un juez ordenó al gobierno que
levante temporalmente un congelamiento de fondos que ha cerrado los programas y
operaciones de USAID en todo el mundo.
Nichols, designado por Trump, dijo que había estado
"muy preocupado" por los trabajadores en áreas de alto riesgo que
quedaron en el extranjero sin acceso a comunicaciones de emergencia. Pero desde
entonces la administración Trump le ha asegurado que aún tendrían acceso a
radios bidireccionales que permiten comunicaciones las 24 horas del día, los 7
días de la semana en emergencias, así como una aplicación de teléfono con un
"botón de pánico".
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